Como un mal ejemplo para el país calificaron  el Contralor General Edgardo Maya Villazón y el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia que obliga al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a pagar cinco años de cárcel y a devolver solo 4 mil millones de pesos.

Esta condena y multa fueron definidos en el principio de oportunidad, “no obstante que los hechos que por los cuales se le concedió hablan de un desfalco de 115 mil millones”.

“Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, expresaron los jefes de los organismo de control en comunicado dado a conocer en la noche del martes.

Anunciaron además  que  iniciarán un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia.

“Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos”, anuncian.

“Nos hemos pronunciado en todas las etapas del proceso, porque consideramos que este acuerdo no le hace justicia a las víctimas de estos escandalosos actos de corrupción, que han indignado a todo el país”, precisan. 

El Contralor General recordó que la  Contraloría General ha actuado como víctima dentro del proceso y que se había opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía General  y Alejandro Lyons.

“Alejandro Lyons enfrenta en la Contraloría General 6 procesos de responsabilidad fiscal por más de 66 mil millones de pesos.  El proceso más relevante y por el cual se han decretado medidas cautelares es el del “cartel de la hemofilia”, por 54 mil millones de pesos”, anotó.

“La Contraloría destapó este abominable caso en el que se detectó que se hicieron pagos por 117 falsos pacientes hemofílicos con exámenes de laboratorio  también falsos, nosotros destapamos los casos de corrupción y la justicia premia a los delincuentes”, expresó.

Alejandro Lyons también es procesado en la Contraloría General por pago de supuestos servicios de salud en terapias de neurodesarrollo ($3.626 millones), terapias médicas no realizadas a supuestos pacientes con síndrome de down (1.345 millones);  pagos a IPs por supuestos servicios médicos (86 millones de pesos), obra Corredor Agroecológico con recursos de regalías ($ 4.050 millones) y otro por ampliación de ciencia y tecnología e innovación en carneros para supuestamente mitigar los efectos del TLC, ($ 3.055 millones), indica el comunicado.

Por su parte la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al exfuncionario por pagar terapias  de neurorehabilitación que nunca tuvieron contratos reales y también es investigado por el llamado ¨cartel de la toga¨.

Finalmente Carrillo Flórez y Maya Villazón, consideraron  que es necesario  revisar este sistema en cuanto a las penas a imponer y  los mecanismos que se utilizan.